El decreto ley de alojamientos turísticos en Granada

La Federación de hosteleros granadino exige que se derogue el decreto ley de alojamientos turísticos.

El número de pisos dedicados al alquiler vacacional ha hecho más que aumentar.

El incremento de la rentabilidad por parte de los propietarios y la gran demanda existente lo han convertido en una práctica habitual entre las distintas ciudades. Granada no es una excepción. En todas las zonas de la ciudad es posible encontrar algún piso o casa que ofrece este tipo de servicios de alojamiento estacional con fines turísticos.

El presidente de la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, Gregorio García, ha exigido que se derogue el decreto ley de la Junta de Andalucía que regula las viviendas con fines turísticos. El objetivo es que las empresas que tienen toda la documentación en regla puedan participar en el sector de forma igualitaria que este tipo de viviendas con menor carga.

El presidente ha especificado que los hosteleros siempre se han posicionado opuestos a este decreto que comenzó a negociarse en 2015 y pasó a aprobarse un año después. De esta forma consideran que esta norma produce una alteración tanto para el conjunto de empresarios como para las propias ciudades turísticas.

“El decreto ha venido a alterar la convivencia entre los vecinos y los turistas, asunto tan serio que llama la atención que los poderes públicos hayan sido incapaces de dar una solución conjunta y global en el Estado, a pesar de que las autonomías tiene las competencias”, afirmó Gregorio García.

Uno de los datos que ha ofrecido ha sido el aumento del número de reservas en este tipo de negocio en Málaga, siendo muy superior a las que se hacen en los hoteles. A su vez también ha advertido que la ciudad granadina se encuentra muy cercana a la situación malagueña, teniendo siempre en cuenta el desconocimiento de una gran cantidad de pisos o casas ilegales que están siendo utilizadas con estos fines.

Para el presidente de la federación hostelera este hecho ha dado lugar a un aumento de la despoblación en el centro de la ciudad nazarí. Como consecuencia barrios como el Albaizín, el Realejo o zonas históricas han pasado a estar masificada. Esto se traduce en una disminución de la actividad hotelera en otros lugares de la ciudad y por tanto una menor cantidad de movimiento en la misma.

Ante esta situación, Gregorio García denuncia el bajo número de controles por parte de la Junta de Andalucía, favoreciendo en cierta forma a este descontrol. Según el presidente haría falta una “legión de inspectores” que no están disponibles y sobre todo que este decreto ha dado lugar a “legalizar una situación clandestina”.

De esta forma, recalca que hay que tener en cuenta que a las viviendas con fines de alquiler turístico no se les trata como a empresarios. Todo ello se traduce en la liberación de obligaciones que sí se tienen en cuenta para cualquier empresa o autónomo y por tanto una carga superior para los mismos.

Elementos como la creación de facturas o las disposiciones que debe cumplir un alojamiento no se encuentran entre las exigencias que tiene que tener este tipo de pisos o casas.

También se preguntan qué tipo de decisiones pretende tomar la Federación Española de Municipios y Provincias ante el aumento masivo de viajeros que usan este tipo de servicios que anteriormente eran prestados por los ayuntamientos a aquellos que vivían en el lugar. Repercutiendo también en los propios municipios y a su vez en la actividad laboral de los mismos. En la ciudad granadina entre mayo y junio del año pasado era posible acceder a 1640 viviendas de este tipo. Siendo una cifra más que destacada en proporción con el número de negocios hoteleros del lugar.

Gregorio García también ha añadido que no tiene “miedo a competir” con este tipo de viviendas como han estado haciendo con el mercado a nivel global. Destacando que siempre ha sido un sector competitivo y exigente el mundo de la hostelería.

Sin embargo lo que exige el presidente de la asociación hostelera es que se realice “en igualdad de condiciones” para todos los que participan dentro de la misma.

Por tanto exige que la vivienda cuyo fin es alquilarla al turismo que cumpla los mismos requisitos y obligaciones que las alojamientos hoteleros del sector.